La Ley 4/2026, de 1 de octubre, que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia, incluye también cambios relevantes en la Ley de Propiedad Horizontal. En este artículo nos centramos únicamente en estos últimos, porque afectan de lleno a las comunidades de propietarios y a los administradores de fincas.
La reforma modifica el artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar el deber de realizar obras de accesibilidad universal, aclarar su interpretación y facilitar su ejecución. Recordemos que el artículo 10.1 recoge las actuaciones que son obligatorias y no requieren acuerdo previo de la junta, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos.
Las comunidades y los administradores de fincas deberían revisar cómo atienden las solicitudes de obras de accesibilidad, porque la nueva redacción amplía las consecuencias de no ejecutarlas.
Qué obras quedan comprendidas
La redacción anterior hablaba de las obras necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad. La nueva se refiere a las necesarias para garantizar las condiciones de accesibilidad universal y, en todo caso, los ajustes razonables. Este cambio puede ampliar el tipo de actuaciones que el propietario solicitante está en condiciones de exigir.
Se mantienen las obras que piden los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, para asegurarles un uso adecuado de los elementos comunes. Se incluyen expresamente rampas, ascensores y otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o la comunicación con el exterior.
El límite económico y su nueva excepción
Como regla general, estas obras son obligatorias siempre que el importe repercutido anualmente, descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
La novedad está en la excepción. Cuando las ayudas y subvenciones efectivamente concedidas alcanzan el 70 % del importe de las obras, estas son obligatorias sin que se apliquen los límites económicos anteriores. Antes el umbral era del 75 % de las ayudas a las que la comunidad pudiera tener acceso. Ahora el porcentaje baja, pero se exige que las ayudas estén realmente concedidas, por lo que conviene documentar bien la resolución de concesión y su importe.
Si el coste supera el límite o las ayudas no llegan al 70 %, la obra sigue siendo obligatoria siempre que el exceso lo asuman quienes la han solicitado.
Financiación: más años para repartir el coste
Si la comunidad solicita financiación para las obras, el periodo de repercusión será de tantos años como permitan las opciones de financiación disponibles. Esto puede reducir mucho la cuota anual de cada propietario y facilitar que se mantenga dentro del límite de las doce mensualidades. Por eso es recomendable estudiar las líneas de financiación y su plazo máximo antes de decidir.
Ayudas públicas: la comunidad está obligada a pedirlas
El propietario que promueve las obras puede aportar información sobre las convocatorias de ayudas en materia de vivienda y agenda urbana a las que la comunidad pueda concurrir, y la comunidad queda obligada a solicitarlas. Si se aportan convocatorias concretas, no debería demorarse la solicitud: no tramitarla podría interpretarse como un incumplimiento de la obligación legal.
Además, se añade una disposición adicional tercera a la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a las Administraciones a habilitar créditos suficientes para programas de ayudas a la reforma y rehabilitación de edificios en materia de accesibilidad, que pasan a ser prioritarios en las políticas de vivienda.
Acceso a los tribunales si la comunidad no actúa
La reforma prevé expresamente que, si se cumplen los requisitos y la comunidad no realiza las obras, la persona interesada puede pedir al juez que adopte las decisiones necesarias para obligar a su ejecución.
Por último, la ley autoriza al Gobierno a aprobar en doce meses un texto refundido que armonice los artículos 10 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley 15/1995, sobre límites del dominio para eliminar barreras arquitectónicas.
Qué recomendamos a las comunidades de propietarios
- Revisar si hay solicitudes de obras de accesibilidad pendientes o previsibles.
- Comprobar si en el edificio viven, trabajan o prestan servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años.
- Calcular el importe anual repercutible y compararlo con las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
- Informarse de las convocatorias de ayudas y de las opciones de financiación disponibles.
- Solicitar las ayudas que aporte el interesado y documentar su tramitación.
- Reflejar en acta las decisiones y gestiones realizadas.
- Valorar el riesgo de una reclamación judicial si se demora la actuación.
En resumen, la Ley 4/2026 refuerza el carácter obligatorio de las obras de accesibilidad, cambia el umbral de ayudas que elimina el límite económico, obliga a pedir las ayudas que aporte el interesado y reconoce de forma expresa la vía judicial. Planificar con tiempo la financiación evitará conflictos en la comunidad.
Si tienes dudas sobre cómo afecta esta cuestión a tu caso concreto, en el despacho podemos estudiarlo contigo. Contacta con nosotros y te ayudamos.